La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha celebrado este jueves, 19 de febrero, el décimo aniversario de su procedimiento operativo de colaboración con la Guardia Civil. Un acuerdo firmado en 2016 con el objetivo de garantizar la protección de las Indicaciones Geográficas (IIGG) frente al fraude alimentario y el uso ilícito de sus nombres reconocidos. “Hace diez años, la asociación dio un paso decisivo para blindar a las figuras de calidad diferenciada del país frente al fraude. Hoy se puede afirmar con orgullo que este acuerdo ha sido una herramienta clave para fortalecer la seguridad alimentaria, proteger el prestigio de los productos con DOP e IGP y reforzar la confianza de consumidores y productores”, ha señalado el presidente de Origen España, Ángel Pacheco.

Desde el 2016, y con relación al fraude alimentario, se han realizado más de 26.000 inspecciones, en las que se detectaron un total 150 infracciones penales y más de 16.000 infracciones administrativas, se detuvo e investigó a más de 570 personas y se intervinieron cerca de un millón y medio de litros de producto y más de 6.700 millones de kilos. “Gracias a la dedicación y profesionalidad de la Guardia Civil, las DOP e IGP se sienten más protegidas, más valoradas y más fuertes ante cualquier amenaza de fraude”, ha valorado el presidente de Origen España.

El secretario general del Consejo Regulador DOP Los Pedroches, Juan Luis Ortiz, recordó sendos casos de condenas de privación de libertad. Una del año 2024, por falsificación de contraetiquetas de la DOP Los Pedroches, y otra de enero de 2026 que afecta a la DOP Jabugo, por reetiquetado de jamones y paletas a los que se incorporó el término ‘Jabugo’ de forma fraudulenta, ya que se trataba de productos que no estaban amparados por esta Denominación de Origen Protegida. Sin embargo, el secretario general de la DOP Los Pedroches ha explicado que, en general, todas de las Indicaciones Geográficas se ven amenazadas por casos de falsificación, adulteración o uso indebido de sus nombres protegidos. 

De cara al futuro, Ortiz solicita un mayor control del comercio electrónico. “Se trata de un mercado en plena expansión en el que, en ocasiones, los vendedores aluden a los territorios vinculados a una DOP o IGP cuando se refieren a productos que no disponen de estos sellos de calidad diferenciada, y eso supone un fraude para los consumidores”.