El SLG quiere trasladar a los alcaldes de las Rías Baixas la “situación límite” de la viticultura

El Sindicato solicitará una reunión con los regidores para reclamar su apoyo ante lo que dicen es un “incumplimiento” de la Lei de la Cadena Alimentaria

El SLG quiere trasladar a los alcaldes de las Rías Baixas la “situación límite” de la viticultura

El Sindicato Labrego Galego (SLG) solicitará una reunión con los alcaldes de los concellos de la comarca vitícola de las Rías Baixas para trasladarles la “grave situación” que atraviesa el sector y reclamar su apoyo ante –dicen– el “incumplimiento” de la Ley de la Cadena Alimentaria y la “falta de medidas” por parte de la Xunta. La decisión fue acordada en la asamblea convocada por el Sindicato, en la que participaron más de 60 viticultores y viticultoras de las Rías Baixas, junto con David Álvarez, viticultor y nuevo responsable del sector del vino del Sindicato Labrego Galego, entre otros.

En la reunión con los alcaldes, el SLG pretende trasladar cuatro reivindicaciones fundamentales. La primera, que se condicionen las subvenciones públicas a las bodegas al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, “excluyendo a aquellas empresas que paguen por debajo de los costes de producción o incurran en prácticas fraudulentas”, señalan desde el Sindicato. Por otro lado, piden limitar temporalmente las nuevas plantaciones “hasta que el sector recupere el equilibrio” y “mantener y reforzar” el control de la producción máxima, fijada actualmente en 1.200 kg por cada 1.000 metros, mediante el sistema de tarjetas. Por último, el SLG insta a las autoridades competentes a reforzar los controles sobre el origen de la uva y del mosto “evitando la entrada de producciones ajenas a la denominación, y garantizar el cumplimiento de los límites de rendimiento en las parcelas para impedir excesos de producción que perjudiquen al conjunto del sector”.

El Sindicato denuncia que se están ofreciendo contratos “a precios reducidos y muy alejados del coste de producción estimado por los viticultores”, que sitúan en 1,52 euros por kilo. Asimismo, el SLG alerta de que, si esta situación continúa, muchas pequeñas explotaciones se verán obligadas a abandonar la actividad. “Corremos el riesgo de que desaparezca la pequeña explotación que dio origen a la denominación, mientras el nombre de la zona acaba beneficiando a empresas ajenas al territorio”, advierte Rosario Domínguez Iglesias, viticultora y coordinadora del SLG en la comarca.

El Sindicato advierte de que, si los alcaldes no atienden esta petición o no trasladan a la Xunta la necesidad de adoptar medidas “urgentes” para “garantizar la viabilidad del sector”, las movilizaciones convocadas se intensificarán en las próximas semanas.

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