La cadena mar‑industria española expresa su “profunda decepción” ante el acuerdo adoptado para el reparto de sardina ibérica en 2026, un acuerdo que, lejos de atender las necesidades reales del sector -inciden- llega en un “contexto complejo”, con las importaciones desde Marruecos suspendidas, con la industria conservera bajo una tensión “sin precedentes” en su abastecimiento y con un reparto que vuelve a situar a España en “clara desventaja” respecto a Portugal. Así lo indican en un comunicado conjunto Anfaco-Cytma, Arvi, Acerga y la Federación Galega de Confradías de Pescadores. 

Dicen desde el sector que el límite total autorizado para España en 2026, que asciende a 16.848.490 kilos, supone una reducción del 2,79% respecto al año anterior, una disminución que -añaden- contrasta con el margen técnico existente pues el ICES habría estimado que podían haberse permitido hasta 50.294 toneladas conjuntas sin comprometer la sostenibilidad biológica del stock.

La distribución interna tampoco es del agrado del sector, que indica que, tras las deducciones correspondientes a excesos de 2025, la asignación final queda repartida en 423.106 kilos para el ‘xeito’, 9.419.958 kilos para el Cantábrico‑Noroeste y 7.005.426 kilos para el Golfo de Cádiz. “Esto se traduce en descensos del 2,3% para el ‘xeito’ y del 4,4% para el Cantábrico‑Noroeste, mientras que el Golfo de Cádiz aumenta un 3,7%”, se lamentan. A esta insuficiencia interna se sumaría un factor externo: la suspensión de exportaciones de sardina congelada por parte de Marruecos desde el 1 de febrero de 2026, medida que durará al menos un año y que afecta directamente al principal flujo de abastecimiento de la industria española de conservas. El sector advierte de que “si la falta de materia prima se agrava, existe un riesgo real para asegurar el volumen de fabricación y empleo en las plantas de España, especialmente Galicia, Andalucía y otras comunidades costeras, ligados con la sardina”. 

La cadena mar‑industria también lamenta que el acuerdo no haya tenido en cuenta la propuesta formal remitida por carta a la secretaria general de Pesca el 23 de febrero, donde se solicitaba un aumento excepcional y temporal del nivel máximo de capturas para compensar el impacto del cierre marroquí.

El resultado es un acuerdo “que, aun siendo técnicamente sostenible desde el punto de vista biológico, no resulta sostenible en términos económicos ni sociales. Las cuotas asignadas quedan muy lejos de cubrir la demanda de la industria nacional, que se encuentra simultáneamente sin materia prima importada y con menor disponibilidad nacional”, concluyen desde el sector.