El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha sancionado con 64 millones de euros (64.055.311 €) a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.

Entre otras, el Ministerio ha identificado prácticas comerciales desleales hacia los consumidores, con la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia o indicando un número de licencia o registro erróneo, o sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa.

La cuantía impuesta es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por AIRBNB como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma.“Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha manifestado el ministro, Pablo Bustinduy, al tiempo que también ha señalado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.